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MADRID, 28/02/2014.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, conversa con el ministro de Economía y Competitividad, Luis
de Guindos, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del
Consejo de Ministros que ha aprobado hoy un nuevo paquete de medidas
para mejorar la financiación de las empresas y otras destinadas a
regular las entidades de capital riesgo y las de inversión colectiva.
EFE/Chema Moya
En
una conversación informal con periodistas en el marco del Global Forum
Spain, organizado por el ICEX en Bilbao, el ministro se refirió al real
decreto de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial y a
los cambios que se van a introducir en la Ley Concursal.
El
Consejo de Ministros analizó el pasado viernes un informe sobre esta
norma, que previsiblemente será aprobada en la próxima reunión del
Gabinete de Mariano Rajoy. El titular de Economía indicó que se va a
facilitar la financiación a empresas en situación de preconcurso de
acreedores.
Así,
está previsto no solo facilitar mecanismos que potencien las quitas y
los aplazamientos de los pagos, sino también la conversión de deuda en
capital, con el fin de actuar en las fases preconcursales y evitar la
quiebra de las empresas consideradas viables. Para limitar el impacto en
el consumo y la inversión de estos procesos de refinanciación, el
Ejecutivo también pretende superar las limitaciones que establecen en la
actualidad los acuerdos de financiación, evitando la rescindibilidad.
Muchos
han sido los expertos que llevan años reclamando una regulación más
flexible de los procesos concursales en España, ya que las estadísticas
arrojan una dura realidad: el 95% de las compañías que se declara en
concurso de acreedores termina desapareciendo. Se trata de una situación
completamente distinta a lo que ocurre en potencias como EE UU o en los
principales países del entorno europeo.
Lo
cierto es que la normativa concursal española ha sufrido ya en los
últimos años numerosos cambios y, sin embargo, todavía sigue sin
satisfacer las necesidades de las empresas en una coyuntura tan
desfavorable como la actual.
La última modificación se incluyó en la Ley de Emprendedores,
según la cual los procesos de refinanciación podrán salir adelante con
el acuerdo del 55% de los acreedores y no del 75% como era preceptivo
antes de la aprobación de dicha norma (septiembre de 2013).
Así,
con esta premisa también se evita que muchos grandes grupos, donde es
frecuente que los acreedores sean numerosos, deban declararse finalmente
en quiebra por la imposibilidad de que el grueso de sus acreedores
acepte un acuerdo para la refinanciación de dicha deuda. Si a esta
flexibilización se le une ahora la posibilidad de aplicar quitas, el
marco concursal podrá ofrecer a dichas compañías una auténtica segunda
oportunidad.
Esta noticia a sido facilitada por la alumna de 1ºC : M.L.G
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